Aprobación de la Ley de Libertad Económica y otras medidas para el crecimiento y la apertura de la economía brasileña

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El 21 de agosto de 2019, el Senado Federal aprobó la conversión de la Medida Provisional 881/2019, en ley (denominada “Ley de Libertad Económica”). Resta únicamente la sanción presidencial.

El Senado llevó a cabo pequeñas modificaciones al texto que, días antes, había sido aprobado por la Cámara de Diputados. En particular, los senadores decidieron eliminar los cambios relativos a la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT) que permitirían trabajar los domingos y festivos.

El objetivo principal de la Ley es reducir la burocracia, proteger la libre iniciativa y limitar el poder regulador del Estado. La Ley se divide en dos secciones principales: la primera, de carácter general, contiene una declaración de derechos de libertad económica y garantías de libre iniciativa; y la segunda, lleva a cabo una serie de modificaciones legislativas.

Entre los principios consagrados en la parte general de la Ley, se destacan: la libertad como garantía en el ejercicio de las actividades económicas; la buena fe del individuo frente el poder público; la intervención mínima y excepcional del Estado respecto del ejercicio de actividades económicas; y el reconocimiento de la vulnerabilidad del individuo frente al Estado.

La ley garantiza a los individuos los derechos de desarrollo de actividades económicas de bajo riesgo sin la necesidad de licencias previas; el desarrollo de la actividad económica en cualquier momento o día de la semana; la libre definición, siempre que sean mercados no regulados, del precio de los productos y servicios; el desarrollo de nuevas modalidades de productos y servicios cuando las normas infralegales se vuelvan obsoletas; la oferta de nuevos productos o servicios a un grupo restringido de personas, sin necesitar de licencias previas.

La parte general de la Ley también consagra el llamado silencio positivo de la administración pública. Según el texto aprobado por el Congreso Nacional, las personas, en el ámbito de las solicitudes de actos públicos de autorización de la actividad económica, serán informadas del plazo máximo para el análisis de su solicitud, y una vez transcurrido el plazo sin contestación por parte de la administración, se entenderá concedida, a todos los efectos, la autorización solicitada.

Con respecto a las garantías de libre iniciativa, la Ley establece el deber de la administración pública y otras entidades sujetas a la misma de evitar el abuso del poder regulatorio para crear indebidamente reservas de mercado como, entre otros, adoptar posiciones que impidan la entrada de nuevos competidores en el mercado, nacionales o extranjeros, o que impidan o retrasen la innovación y la adopción de nuevas tecnologías.

Por último, la parte general de la Ley introduce el requisito de análisis de impacto regulatorio siempre que los órganos o entidades de la administración pública federal dicten o modifiquen actos normativos de interés general para los agentes económicos o para los usuarios de los servicios prestados, debiendo determinarse los posibles efectos del acto normativo, para verificar la razonabilidad de su impacto económico.

En su parte especial, la Ley ha introducido una serie de cambios legislativos que impactan en el derecho civil, societario, fiscal y laboral, entre otros.

En el Código Civil, se modifican las normas relativas al levantamiento del velo de la personalidad jurídica al objeto de reforzar su carácter excepcional, así como las relativas a la interpretación de los contratos, consagrándose el principio de que, en las relaciones contractuales privadas, prevalecerá el principio de intervención mínima y la excepcionalidad en la revisión de lo pactado.

También dentro del alcance de las modificaciones al Código Civil, se permite la constitución de sociedades limitadas unipersonales. En relación con los fondos de inversiones, se permite que sus reglamentos establezcan la limitación de responsabilidad del inversor al valor de su inversión en el fondo, así como la de los prestadores de servicios al fondo, sin solidaridad.

La Ley también ha traído consigo novedades sobre la digitalización de documentos. En el texto, se establece que los documentos escaneados tendrán el mismo valor probatorio que el documento original. Del mismo modo, la Ley permite que los documentos sujetos a registros públicos se escrituren, publiquen y archiven electrónicamente.

Por otro lado, la ley simplifica los procedimientos de inscripción de sociedades en los registros mercantiles, consolidando las reglas que habían sido introducidas por otras medidas provisionales. Una de las principales novedades es la inscripción automática de los estatutos y sus modificaciones, independientemente de, en ciertos casos, autorización previa. Además, la autenticación de documentos se podrá realizar comparando el original y su copia por el funcionario público ante el que se presente el documento, no siendo necesaria la autenticación cuando el abogado o contable de la parte interesada confirma, bajo su responsabilidad, la autenticidad del documento.

En el ámbito fiscal, la ley permite que un comité formado por miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales, de la Secretaría Especial de la Hacienda Federal de Brasil y el Fiscal General del Tesoro Nacional dicte orientaciones que deben observarse por las agencias federales de la administración pública en sus actos administrativos, normativos y decisorios. Además, se establecen nuevas causas para la no interposición de recursos por parte de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional, así como para evitar el inicio de nuevos procesos. Estas medidas tienen como objetivo reducir la litigiosidad y ajustar la actuación de las autoridades fiscales a la jurisprudencia resultante de los tribunales superiores en materia fiscal.

La Ley también introduce cambios importantes en la legislación laboral. Entre ellos, destaca la creación de la tarjeta de trabajo electrónica; el requisito de registro de entrada y salida solo para empresas con más de 20 trabajadores; la autorización para el registro de entrada y salida excepcionalmente, es decir, solo en caso de horas extras, retrasos, ausencias y bajas, por acuerdo individual o colectivo; y la sustitución del Sistema Digital de Registro de Obligaciones Fiscales, Sociales y Laborales (eSocial) por un sistema simplificado de registro digital de obligaciones sociales, laborales y fiscales.

La Ley de Libertad Económica es una de las diversas iniciativas del gobierno para estimular el crecimiento y la apertura de la economía brasileña. Además de las reformas estructurales en curso, como la del sistema de las pensiones y la tributaria, hay que destacar el reciente Acuerdo Mercosur–Unión Europea, y los esfuerzos para que Brasil entre a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como el programa, recientemente anunciado de privatización de varias empresas estatales, incluidas Eletrobrás y Correos.

 

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